El clima de casos de corrupción que por momentos crece en España, con las nuevas revelaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre Santos Cerdán y las mordidas del 2% que habría recibido de Acciona por adjudicación de obra pública; las peticiones de cárcel de más de cincuenta años sumadas que ha hecho esta semana la Fiscalía Anticorrupción para el exministro José Luis Ábalos y su estrecho colaborador, Koldo García y el caso que ha estallado en la Diputación de Almería, controlada desde hace años por el Partido Popular (PP), parecen viento de cola para Vox. O así, al menos, lo interpretan sus dirigentes.
No es ningún secreto que desde hace algún tiempo Santiago Abascal ha bajado el diapasón del acento ideológico de su proyecto (“la derechita cobarde”, término con el que irrumpió en escena hace algunos años para distinguirse del PP parece haber quedado archivado de momento) para plasmar una idea de impugnación general del “bipartidismo”, en una retórica que no desentonaría con la que emplearon en su día formaciones muy alejadas ideológicamente o incluso antagónicas, como es el caso del primer Podemos. Y una de las principales lacras de ese ‘turnismo’ entre los dos grandes partidos sería, precisamente, el de la falta de controles o ejemplaridad que demostrarían la proliferación de escándalos a una y otra orilla del escenario. Acompasado, claro está en el caso de Vox, de su discurso duro contra la inmigración que, hasta el giro dado por el PP en la materia este mismo otoño, era casi exclusivo de su formación, con permiso de Aliança Catalana e incluso Junts en el ámbito de Catalunya.
Tampoco es un dato oculto de que en el seno de la extrema derecha cunde la convicción de que su crecimiento exponencial en intención de voto en el que de un tiempo a esta parte coinciden la mayoría de las encuestas se empieza a explicar, parcialmente, por un trasvase directo de votantes del PSOE. “Ya lo veremos”, le espetó significativamente Pedro Sánchez, a viva voz desde su escaño, a Abascal cuando este blandió el dato desde la tribuna en el debate parlamentario del pasado 12 de noviembre, cifrando en 300.000 los españoles que tras haber votado las listas socialistas estarían ahora dispuestos a elegir la papeleta de Vox. Algo que, de ser totalmente cierto o de confirmarse cuando se abran las urnas (muy pronto en Extremadura, una de las regiones de España más sociológicamente escoradas a la izquierda) no sería ajeno a los casos de corrupción que salpican al Gobierno.
Y todo ello sumado a que Vox, tras su salida el año pasado de todos los gobiernos autonómicos que compartía con el PP por su discrepancia sobre el reparto de menores inmigrantes llegados a Canarias, goza de las ventajas de ser aún una formación casi totalmente outsider, al menos en términos de gobierno, con las excepciones de rigor en el ámbito de los ayuntamientos. Un perfil que agudiza Abascal en los últimos meses con su boicot a cualquier acto institucional, empezando (nada menos) que por el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre, que el presidente de Vox siguió en la calle rodeado de gente y con ropa informal, en vez de en traje y en la tribuna de invitados, como hizo hasta la edición de 2024. Superado ese rubicón, explican en el partido, la ausencia de actos como el que este viernes conmemoró los cincuenta años de monarquía en el Palacio Real se explica sin problemas ante sus bases.
El Tribunal de Cuentas y Alvise
Naturalmente, Vox no está exento de que en el futuro le aparezcan, como a cualquier otro partido, sus propios casos de corrupción. Y hasta la fecha ha tenido que afrontar informaciones sobre irregularidades en sus finanzas detectadas por el Tribunal de Cuentas por la forma de financiar sus campañas, que Abascal ha rechazado reiteradamente. En abril el órgano fiscalizador le impuso una multa de algo más de 800.000 euros, contra la que el partido arremetió por considerar que no se pueden considerar donaciones lo recaudado en mesas o carpas informativas a través del merchandising de la propia formación. Pecatta minuta, en cualquier caso, si se lo compara con las grandes tramas que durante años han salpicado al PSOE y al PP.
Por último, Abascal se ha distanciado notablemente, y seguirá haciéndolo, de los brotes de corrupción que germinan en su propio espacio político. Singularmente de los que afectan al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, al que el Tribunal Supremo (TS) abrió una causa el mes pasado por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso contra otros dos parlamentarios europeos que se presentaron en su lista, ‘Se acabó la fiesta’, a las elecciones comunitarias del año pasado. Y no es la única causa en ciernes sobre el eurodiputado.
En su estrategia de futuro, el líder de Vox tiene claro que debe distanciarse de PP y de PSOE al mismo tiempo, incluso denunciando connivencias entre ambos. “Gobiernan juntos en Bruselas y en Ceuta”, llegó a decir en el último debate parlamentario, extremando el ejemplo de la tradicional composición de la Comisión Europea entre las dos grandes familias del continente, populares y socialdemócratas, y la abstención del PSOE en 2023 para permitir al popular Juan Jesús Vivas seguir gobernando la ciudad autónoma española. Y también que todo lo que huela a los peores vicios del viejo bipartidismo, desde los informes de la UCO sobre los ex mandatarios del PSOE o las detenciones de dirigentes provinciales relevantes del PP, no hace sino reforzar el proyecto que encabeza, en pleno auge y cada vez con más y más relevantes aliados internacionales.
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