Si los mensajes que un líder político deja a lo largo de una jornada en las redes sociales son un baremo indicativo de las cuestiones que le preocupan más o menos en su actividad, se diría que para Alberto Núñez Feijóo la amnistía ha dejado de ser un asunto central en su tarea de oposición, que le llevó incluso a liderar hace dos años masivas movilizaciones cuyas imágenes engalanan hoy la fachada principal de Génova 13, la sede central del Partido Popular (PP). Si por el contrario se tiene en cuenta el tiempo de reacción a una noticia, el juicio podría oscilar ligeramente.
El líder popular no consideró pertinente, esta vez, pronunciarse en su perfil de X, la antigua Twitter, sobre el fallo del abogado general de la Unión Europea (UE), Dean Spielmann, acerca de la ley que permitió a Pedro Sánchez ser investido con los votos de Junts per Catalunya ahora hace justo dos años. Y no porque enmudeciera, pues sí comentó o compartió comentarios sobre otros temas de actualidad. Aunque el PP no tardó en manifestarse con bastante inmediatez a través de su ex número dos y ex portavoz parlamentaria, hoy vicesecretaria de regeneración institucional del partido, Cuca Gamarra, quien primero en un tuit y luego en una declaración ante la prensa en los pasillos del Congreso, donde se celebraba la última sesión del pleno semanal, vio ratificadas sus posturas sobre la norma que concede el olvido legal por los líderes del procés. “La amnistía de Sánchez, además de inmoral e ilegítima, no cumple con la legislación europea, según el abogado general de la Unión Europea”, señaló Gamarra, que apostilló que “esta legislatura comenzó con una ley corrupta e ilegal en Europa. Este Gobierno es insostenible”.
Todo ello agarrándose a la parte de lo dictaminado por Spielmann en torno a la compatibilidad de la norma con la tutela judicial efectiva, de la que duda el fallo en lo referente a las disposiciones de la ley sobre plazos y la debida escucha a todas las partes en el Tribunal de Cuentas. Más dificultades tuvo Gamarra cuando se la enfrentó a otras partes del dictamen del abogado general comunitario, sobre todo cuando establece que no hay problema en amnistiar el delito de terrorismo por el que estaban acusados los autodenominados Comités de Defensa de la República, los CDR; que los intereses financieros de la UE no se habrían visto afectados o que, como llega a decir literalmente el abogado general, “parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social, y no constituye una autoamnistía”. Este último término, precisamente, ha sido uno de los más repetidos por Feijóo y lo suyos durante estos dos años.
Aspectos, todos ellos, notablemente enfatizados este jueves tanto por el Gobierno como por los nacionalistas catalanes, por cuanto suponen un avance para el cierre del proceso iniciado hace dos años, y para la amnistía final para Carles Puigdemont y su consecuente regreso a España. Gamarra se limitó a aducir que habría que estudiar todo el texto con detenimiento (cuando se pronunció públicamente apenas se acababa de conocer) y que en cualquier caso se deberá esperar a la resolución final al respecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La relación con Junts
El perfil bajo elegido ahora por Feijóo sobre una cuestión antaño tan nuclear en su mensaje desata todo tipo de especulaciones. Incluidas las que tienen que ver con su relación con Junts, al que de manera más o menos subrepticia viene lanzando guiños el PP. Al inicio de este curso, en una entrevista en EL PERIÓDICO, el secretario general del partido, Miguel Tellado, elegido para el cargo antes del verano en el congreso popular celebrado en julio, destacó su buena sintonía y entendimiento con los de Puigdemont, a los que definió como una formación “de centroderecha”, con la que por tanto, explicó, es posible construir acuerdos, sobre todo en el ámbito parlamentario. Esa posible entente planeó incluso este miércoles por el debate parlamentario suscitado en la comparecencia de Pedro Sánchez. El presidente le espetó a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, si pretendía construir acuerdos con aquellos, dijo señalando a las bancadas de la derecha, que “niegan la identidad de Cataluña y persiguen el catalán”, y por su parte el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dio como cosa hecha que Junts afirma en privado en reuniones con personas influyentes de Madrid, incluidos algunos medios de comunicación, que estaría dispuesto a apoyar una moción de censura para desalojar a Sánchez de la Moncloa.
A nadie se le escapa que las conclusiones del abogado general de la UE vuelven a acercar al Gobierno y a Junts cuando más lejos estaban, o al menos suturan mínima y temporalmente la fisura abierta entre Puigdemont y Moncloa. Y eso es una piedra en el camino para Feijóo, admiten en el PP. Pero en el partido siguen escuchándose, y bien alto, voces muy nítidas no solo contra la ley de amnistía que el Congreso de los Diputados aprobó el año pasado, sino proponiendo derogarla si los populares llegan al Gobierno. Así lo dijo, sin ir más lejos, el propio Tellado el pasado martes, cuando protagonizó un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el que fue presentado por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, una de las dirigentes sin duda más combativas contra esa ley de amnistía. Y quien, curiosamente, mantuvo este jueves en las redes sociales parecido perfil bajo al de Feijóo sobre el particular.
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