Llegó el día clave para Juanfran Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana. Las Corts acoge este jueves el pleno de investidura con el que el dirigente del PP busca convertirse en nuevo president de la Generalitat, reemplazando a un Carlos Mazón que ha acabado capitulando acorralado por su gestión de la dana del 29-O y sus posteriores cambios de versión sobre sus quehaceres durante las horas críticas de la emergencia. El aspirante necesitará articular una mayoría absoluta, situada en 50 votos, para la que Vox es imprescindible y que no tiene amarrada.
Así, salvo giro inesperado de última hora, Pérez Llorca se plantará en el hemiciclo (el pleno arranca a las 11.00 horas) sin garantía de éxito, ya que los voxistas ya han avanzado que no confirmarán su posición hasta escudriñar el discurso del popular, a quien exigen “compromisos” en inmigración e infraestructuras. Además de la incertidumbre, el aspirante deberá gestionar la ‘herencia’ que deja tras de sí Mazón, quien en sus últimas horas como president ha vuelto al ojo del huracán tras las nuevas revelaciones sobre su actividad durante la tarde de la tragedia, que han vuelto a destapar falsedades en su relato.
El secretismo ha sido la nota predominante de las negociaciones entre PP y Vox, que arrancaron hace casi dos semanas y de las que apenas han trascendido detalles más allá de la “buena sintonía” y la “voluntad de alcanzar un acuerdo” que han ido pregonando ambas partes. Pese a esa falta de concreción, la sensación que se ha ido transmitiendo desde el entorno de Pérez Llorca, cuyas buenas relaciones con Vox son más que conocidas, es de tranquilidad.
Sin foto ni acuerdo escrito
De momento, el popular se ha anotado un primer tanto en su haber al conseguir esquivar una escenificación del acuerdo junto a Vox, una condición que los de Santiago Abascal sí impusieron a Mazón el marzo pasado, cuando tuvo que asumir, en directo y a viva voz, algunos de los postulados más radicales de los voxistas en inmigración y contra el Pacto Verde europeo a cambio de aprobar unos presupuestos con los que buscaba oxígeno político.
Se especuló con que ese requisito volviera a estar vigente en esta ocasión, si bien hace pocos días Vox cerró esa puerta desde Madrid, desde donde pilotan las negociaciones los de Abascal. El portavoz nacional, José Antonio Fúster, dijo que su partido ha “aprendido a bofetadas” que un pacto con el PP es “papel mojado” y confirmó que esperarán a escuchar a Pérez Llorca antes de tomar la decisión final.
Parece una lección aprendida de los voxistas, quien tras hacer pasar por el aro a Mazón para salvar las cuentas de 2025 han visto como esas partidas incluidas en los presupuestos no se han ejecutado: ni un euro de los 7,6 millones para medidas para combatir la inmigración, ni para otras iniciativas ‘antiokupas’, contra la ley de Memoria o para destinar ayudas a entidades contrarias a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
Qué quiere escuchar Vox de boca del candidato, y en qué tono, es la gran incógnita. Por el momento, la lista de exigencias de Vox se ha ido elaborando desde Madrid y a través de Abascal, Ignacio Garriga y otros cargos nacionales que han ido situando el listón que deberá superar Pérez Llorca.
Menores y presas
Los voxistas han dejado claro que quieren “compromisos” en inmigración e infraestructuras hídricas. En el primer asunto, el Gobierno valenciano ha sido beligerante ante el reparto de menores migrantes aprobado por el Gobierno y ha recurrido tanto los trasladados como la reforma de la ley de Extranjería. Sin embargo, como ha dicho también Génova, la Generalitat ha venido avisando de que “cumplirá la ley” y no se negará a acoger sin una sentencia que lo respalde. Las competencias del Consell en migraciones se ciñen sólo a los menores.
Los requisitos de Vox en materia de infraestructuras parecen más definidos. El propio Abascal fijó públicamente como exigencia la construcción de “diques y presas” en la Comunitat Valenciana, unas obras que según el líder nacional impedirían que se volviera a repetir la tragedia del 29-O. El PP nacional ha dado su visto bueno a este punto, que en todo caso no depende de gobiernos autonómicos sino del Ejecutivo central.
Pese a esa buena sintonía, los giros de guión nunca son descartables en un escenario como este, en el que el PP tiene una dependencia total de Vox si quiere evitar unas elecciones anticipadas. Si los de Abascal optaran por elevar la presión y votar en contra de la investidura en el pleno de mañana, deberá celebrarse una segunda votación en 48 horas, el sábado.
En esa nueva ronda se requiere una mayoría simple (más síes que noes) para investir al candidato. Si Pérez Llorca volviera a fracasar, el reloj para unas elecciones anticipadas se activaría de forma automática. Si pasados dos meses desde la votación de este jueves 27 el PP no ha logrado atar el apoyo de Vox, se convocarán los comicios entre 54 y 60 días después.
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