“Preferimos que sea un tribunal quien nos lo indique, antes que un Gobierno sectario”, había anunciado la Comunidad de Madrid en relación con la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores practicar abortos. Y el asunto, efectivamente, se va a terminar judicializando. Como ya había adelantado este fin de semana la ministra de Sanidad, Mónica García, el Gobierno presentará un recurso ante la justicia para que Madrid “cumpla con sus obligaciones” y elabore el registro al que mandata la Ley Orgánica 1/2023. El propio presidente, Pedro Sánchez, lo ha confirmado en un mensaje en la red social X en el que también apunta contra el elevado número de interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en clínicas privadas en la Comunidad de Madrid.
“La Comunidad de Madrid deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas. Un derecho esencial, convertido en negocio” ha escrito Sánchez. “No lo vamos a permitir. Por eso, hoy mismo el Gobierno solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Madrid. Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales”.