Junts emprende una asfixia legislativa la Gobierno. Carles Puigdemont anunció la semana pasada la ruptura del pacto de investidura y después del escepticismo mostrado por Moncloa sobre esta amenaza, los posconvergentes empiezan a concretar sus pasos y avanzan su rechazo a 55 normas impulsadas por los partidos de Gobierno o salidas del Consejo de Ministros. Entre ellas, algunas de las leyes más importantes para el Gobierno, como es la reforma de la instrucción judicial de la llamada ley Bolaños; el estatuto del becario, norma estrella de Yolanda Díaz, la ley de los lobbies, o la ley de secretos oficiales, que era un acuerdo alcanzado con el PNV.
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, compareció a primera hora del jueves para anunciar que presentarán enmienda a la totalidad a las 25 normas firmadas por los partidos del Gobierno. Un veto parlamentario que, de aprobarse, las hace decaer. A esto suman 21 proyectos de ley aprobados por el Gobierno y que están en fase final de tramitación en el Congreso y a las que, avanzan, también se opondrán. Avanzan asimismo que también presentarán enmiendas a la totalidad a las 9 leyes aprobadas por el Consejo de Ministros que aún no han iniciado el trámite en el Congreso, y que difícilmente podrán tramitarse sin los siete votos de los posconvergentes.
Es el caso de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal presentada la semana pasada por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y bautizada con su propio nombre. La ‘ley Bolaños’ modifica la instrucción judicial -la fase de investigación- que ahora mismo llevan a cabo los jueces, para que pase a manos de la fiscalía. Una norma que llega después de las críticas del Gobierno a las investigaciones emprendidas por los jueces a casos que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez, como el de su mujer Begoña Gómez, de su hermano, David Sánchez o del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha sido también damnificada por el anuncio de Junts sólo dos días después de que anunciara desde el Consejo de Ministros el estatuto del becario, una ley que ofrece más derechos a los trabajadores en prácticas que se comenzó a trabajar ya en la anterior legislatura. Es una de las pocas normas que aspiraba a sacar adelante, después de que hace unas semanas cayera -precisamente por Junts- la que era su norma estrella, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas.
La ley de lobbies es otra de las normas que se encuentran en tramitación parlamentaria y que Junts aspira a bloquear. En varias ocasiones se han intentado regular a los grupos de interés, pero la falta de voluntad siempre ha llevado a que terminen decayendo una vez que se convocan elecciones y se disuelve el Congreso. Este asunto cobra especial relevancia después de que Sánchez la volviera a anunciar como una de las normas que iba a impulsar en el plan nacional contra la corrupción que anunció tras la detención de Santos Cerdán, en el marco del caso Koldo.
Entre las normas afectadas por el bloqueo de Junts también está la ley de información clasificada, la llamada ley de secretos oficiales. Esta norma ha sido una de las reivindicaciones históricas de PNV y un compromiso adquirido con los jeltzales por el Gobierno de Pedro Sánchez, que aprobó en julio el proyecto de ley, que se encuentra en tramitación parlamentaria y, tras el anuncio de Junts, sin previsión de avance alguno.
Las leyes que se salvan
El partido de Puigdemont sí ha avanzado que hay varias normas pactadas por el Gobierno de las que exige su cumplimiento y que, por tanto, no están en peligro. En total, son cuatro leyes que se aprobarán en el Congreso y un real decreto del Consejo de Ministros que debe convalidarse.
Este último se refiere al decreto para dotar de financiación a la ley ELA, una medida que se aprobó hace dos semanas y que todavía no se ha votado en el Parlamento. Las leyes que Junts ha blindado son la ley de atención a la clientela, donde negoció con el Gobierno para incluir que todas las empresas tuvieran que atender en catalán; la ley del cine y de la cultura audiovisual, que establece una cuota del 6% para el contenido en lenguas cooficiales del total ofertado por las plataformas audiovisuales.
Junts también reivindica el acuerdo alcanzado con el Gobierno en la ley de economía social y la ley de movilidad sostenible, que comenzó a tramitarse en el Congreso tras pactar la modificación del artículo 59 de la ley para ampliar el acceso a ayudas estatales al transporte público en municipios más pequeños, permitiendo que casi una veintena de municipios catalanes entraran como beneficiarios.
Subscribe to continue reading