La defensa de Koldo García, que fue asesor del ex ministro José Luis Ábalos en Transportes, ha solicitado al Tribunal Supremo que aplace la celebración de la vista que estaba prevista para este jueves con el fin de estudiar una posible modificación de las medidas cautelares que pesan hasta el momento sobre ambos, lo que implicaría analizar la petición de ingreso en prisión que ya han adelantado que realizaran las acusaciones populares. La razón para esta petición es que, ese mismo día, su abogada, Leticia de la Hoz, está citada para un interrogatorio del comisionista Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional.
El instructor de la causa en este órgano ha citado a Aldama, y el viernes 28 al propio Koldo, en relación con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de Delincuencia Económica de la Guardia Civil en relación con los contratos de mascarillas en Canarias, conocido hace apenas unas semanas. En este informe se reflejan los contactos que la presunta trama de corrupción mantuvo con el entonces presidente canario y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
“Esta diligencia requiere la imprescindible asistencia letrada presencial de esta parte, dada la conexidad de los hechos investigados y la relevancia del testimonio del señor Aldama para la estrategia de defensa de mi mandante, Don Koldo García Izaguirre”, señala su defensa en el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Agrega que “dada la previsión de duración del interrogatorio del señor Aldama y el tiempo necesario para el desplazamiento entre sedes judiciales, resulta materialmente imposible para esta dirección letrada asistir a la vistilla de las 11:00 horas sin abandonar la diligencia previa en la Audiencia Nacional (fijada para las 10.00 horas), lo que generaría una grave indefensión a mi patrocinado”.
Fiscalía interesa 24 años de cárcel para Ábalos; 19 años y 6 meses pars Koldo; y 7 años para Aldama, al valorar su “confesión”, con la que se destapó la presunta trama de amaño de obra pública que se investiga también en el Supremo con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como presunto cabecilla. Las acusaciones populares hacen la misma petición para el empresario pero elevan las penas reclamadas para el exministro y su exasesor a 30 años de cárcel.
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