El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dictaminó ayer el ingreso en prisión incondicional del exministro y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y de su mano derecha Koldo García. Según el magistrado, y la Fiscalía Anticorrupción, la posibilidad de que dispongan de recursos que no han aflorado durante la investigación y sus contactos internacionales hacen que, ante la proximidad del juicio en los próximos meses, sea «extremo» el riesgo de fuga de ambos. Sobre todo si se tiene en cuenta su condición de acusados por delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación que, de confirmarse, conllevarían una sentencia de no menos de 10 años de prisión, que las acusaciones querrían ver elevadas hasta los 30 años.
El ingreso en prisión se produce días después del auto que anuló una medida similar en el proceso que implica al también exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La que ha llevado a Ábalos y Koldo a Soto del Real por la trama de contratación irregular de mascarillas durante la pandemia es una causa separada de la que implica a Cerdán, y no solo a él, en el cobro de comisiones para amañar contratos de obras públicas, que progresa a otro ritmo.
La defensa de Ábalos ha alegado, para intentar evitar la entrada en prisión, entre otros motivos, que se estaría vulnerando el derecho a la participación política de quien aún es diputado. Un argumento que llevado al absurdo implicaría la impunidad de cualquier cargo público. Pero la condición de miembro del Congreso de los Diputados, ya que el imputado no ha querido en ningún momento renunciar a su acta de diputado, no es baladí en este caso. Ábalos quedará suspendido de funciones, en aplicación del reglamento del Congreso, pero no perderá su acta, dejando la posición del Gobierno en la Cámara aún más frágil y dependiente, ya no de la abstención de Junts, sino de sus votos afirmativos, que parecen hoy inverosímiles.
Desde el partido del que fue expulsado se ha argumentado que «el daño ya está hecho y respondimos». Al margen de la herida que supone para la precaria estabilidad parlamentaria, difícilmente se hará realidad el deseo de que acabe aquí el coste político que supone que el entorno de inmediata confianza política del presidente del Gobierno aprovechase desde el primer minuto su posición en las instituciones y en el cuadro de mando del partido para su enriquecimiento personal (y hasta ahora no ha aparecido ninguna evidencia de otra cosa). El parte de daños tampoco se acaba aquí. Tras el uso de grabaciones realizadas por los propios implicados y avisos como el mensaje de Ábalos afirmando la realización de una reunión de Sánchez con Otegi de la que no tuvo conocimiento directo, es difícil prever de qué munición pueden disponer en su nueva situación.
Mientras, la oposición del PP llama de nuevo a salir a las calles para presionar en su objetivo de que Sánchez renuncie y convoque elecciones anticipadas. Plantea la disyuntiva de «mafia o democracia». Pero lo que está en juego es la impunidad, o no, de presuntos delincuentes, y las responsabilidades de quienes pudieran haber facilitado sus negocios por acción u omisión. Mientras la justicia actúe, la democracia no está en peligro. Decir lo contrario es, tanto como cerrar los ojos esperando a que todo amaine, hacer el juego a quienes no tienen el menor problema en aprovecharse de la erosión de las instituciones democráticas.