El Gobierno ha activado el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general tras la renuncia de Álvaro García Ortiz por el fallo del Supremo que lo condena a una pena de inhabilitación para el ejercicio de su cargo. Sin embargo, fuentes de Moncloa trasladan sobre el relevo que no se tomarán decisiones hasta que Pedro Sánchez regrese a Madrid de su gira africana, después de participar en la cumbre del G20 en Sudáfrica el pasado fin de semana y acudir este lunes a la cumbre Unión Africana-UE en Angola. La vuelta del jefe del Ejecutivo, que esta noche asistirá a la cena ofrecida por el presidente anfitrión de la cumbre, se prevé a primera hora de este martes, por lo que llegaría a tiempo para presidir el Consejo de Ministros donde aprobar la propuesta para nuevo fiscal general.
En la última parada de su gira africana, Pedro Sánchez ha asegurado que el relevo al frente de la Fiscalía General del Estado se producirá “en un breve espacio de tiempo”. En declaraciones a los medios, antes de participar este mediodía en la ceremonia de apertura de la Cumbre Unión Africana-Unión Europea, valoró que el contenido de la carta de dimisión de Álvaro García Ortiz “refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General del Estado todo este tiempo” para añadir que, pese a la sentencia condenatoria, “tiene todo mi respeto y consideración”.
García Ortiz justificó su decisión en la carta remitida al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, manifestando su “profundo respeto” a las resoluciones judiciales, así como su voluntad de “proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales”. “Sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia” como “acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”, señala en la misiva. Con todo, afirma tener “el convencimiento de haber servido fielmente a la institución” a la que pertenece “con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”.
Este domingo, durante su rueda de prensa tras participar en la cumbre del G20 en Sudáfrica, el jefe Ejecutivo rompió sus tres días de silencio desde que se conoció la sentencia para concluir que “respetamos el fallo y lo acatamos, pero en una sociedad democrática podemos manifestar nuestra discrepancia”. Sánchez dejó la puerta abierta a un recurso a Tribunal Constitucional. Según sostuvo, serán “otras instancias” las que deberán “dirimir algunos aspectos que pueden ser controvertidos”.
Informe del CGPJ
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, abogó este lunes por el nombramiento de “un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión” y que cuente con el aval del Consejo General del del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto”. Insisto, que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial con un informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto”, remarcó Feijóo, a tenor de que García Ortiz fue el primero que asumió el cargo de Fiscal General con ese informe en contra.
“Será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función”, anticipó ya el pasado jueves tras la sentencia el ministro de Presidencia y Justicia durante una declaración institucional, como se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El choque de trenes del Gobierno con el Supremo ha quedado patente en las críticas al fallo por parte de ministros socialistas, deslizando acusaciones de guerra sucia judicial o ‘lawfare’. La sentencia y la reacción del Gobierno agranda así una disputa entre poderes que viene de lejos y ha tenido en la aplicación de la ley de amnistía uno de sus principales capítulos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, incluso acusó a una parte del poder judicial de estar “entregado” al derribo del Gobierno.
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