El juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ya tiene fecha: se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz del 9 al 14 de febrero de 2026, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
Las sesiones comenzarán todos los días a las 10.00 horas y, si es necesario, se ampliarán a las tardes, a partir de las 17.00 horas.
El hermano del presidente del Gobierno, Gallardo, y nueve investigados más se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la contratación del primero en la institución provincial en 2017 y la del exasesor de Moncloa, Luis Carrero, después.
Tras un año y medio de instrucción, la causa llegó este jueves a la Audiencia de Badajoz, que tenía que poner fecha al juicio. Lo ha hecho solo un día después.
El magistrado ponente será Emilio Serrano Molera, al que ha correspondido por turno.
El conocido como ‘caso David Sánchez’ (también denominado Azagra en referencia al nombre artístico del músico) arrancó en junio de 2024, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz admitió a trámite la denuncia presentada por Manos Limpias contra el hermano del presidente del Gobierno y Gallardo -entonces presidente de la Diputación de Badajoz- por la contratación del primero en la institución provincial.
Una vez culminada la instrucción, la jueza acordó procesar a los 11 investigados por prevaricación y tráfico de influencias al considerar que había suficientes indicios de criminalidad. La denuncia por fraude a la Hacienda Pública contra David Sánchez se archivó.
El ministerio público y todos los investigados recurrieron la decisión, pero antes de que la Audiencia de Badajoz resolviera, Biedma acordó la apertura de juicio oral. Fue solo un día después del aforamiento exprés de Gallardo, al entrar como diputado en la Asamblea de Extremadura. La jueza vio ‘fraude de ley’ en este movimiento y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dio la razón, por lo que rechazó asumir la causa y la devolvió al Juzgado de Instrucción número 3.
Aún faltaba que la Audiencia de Badajoz tomara una decisión sobre los recursos de la fiscalía y las defensas, que solicitaban que se archivara la causa al entender que solo se sustenta “en conjeturas” y “fabulaciones” de la acusación popular, que encabeza Manos Limpias y de la que forman parte Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum, PP, Vox y Abogados Cristianos, que piden 3 años de cárcel para David Sánchez y Gallardo, a quien también piden que se impongan 15 años de inhabilitación para ejercicio de cargo público. El pasado 23 de septiembre, por unanimidad, los cuatro magistrados que participaron en la deliberación de los recursos, acordaron desestimarlos todos íntegramente.
La jueza instructora, Beatriz Biedma, había solicitado horas antes los escritos de defensa. Una vez presentados estos, en los que se pide la absolución para todos los ivestigados, y los de la acusación (la fiscalía no lo presenta porque no acusa), la magistrada remitió la causa a la Audiencia de Badajoz, para que señalase la fecha de juicio, lo que acaba de hacer.
Competencia del TSJEx
Ya se barruntaba que el juicio podría celebrarse en el primer trimestre de 2026, pero la convocatoria de elecciones anticipadas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre, a la que Gallardo concurre como candidato del PSOE a presidir la Junta de Extremadura, hizo que surgieran ciertas dudas sobre cuándo se daría a conocer la fecha de celebración. Ha sido mucho antes del inicio de la campaña electoral, que arranca el próximo 5 de diciembre.
Esta circunstancia, según fuentes jurídicas, podría cambiar el escenario del juicio, ya que no sería la Audiencia de Badajoz el órgano colegiado al que competería enjuiciar la causa, sino al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. ¿Por qué? Porque Gallardo sería aforado desde el mismo momento que recogiera su credencial como diputado de la Asamblea extremeña y ya no serviría el argumento con el que el TSJEx rechazó asumir la causa: que en su ‘aforamiento exprés’ hubo fraude de ley.
Si la fecha del juicio no cambia, coincidirá con el periodo de consulta para la investidura del nuevo presidente o presidenta de Extremadura, ya que la Asamblea extremeña tiene que estar constituida como fecha tope el 20 de enero, un mes después de las elecciones, y el nuevo presidente de la Cámara debe proponer candidato en 15 días.
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