El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, como anfitrión de la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que se celebra en Madrid bajo el título ‘Los derechos humanos de las generaciones futuras’, ha identificado los tres principales problemas a los que se enfrentan los Tribunales o Cortes Constitucionales mundiales para defender su independencia.
Al presentar el Congreso, que “reúne a 85 Tribunales y Cortes de todos los continentes para defender y promover el Estado de Derecho, la democracia y la jurisdicción constitucional“, Conde-Pumpido cifró en tres los “principales agravios o riesgos a su independencia” que se han ido identificando, a los que se suman nuevos, como el señalado por el presidente de la Corte brasileña con la amenaza estadounidense de imponer aranceles al país, si el expresidente Jair Bolsonaro no termina siendo absuelto.
“El primero es la interferencia política” o “las manifestaciones” de otros poderes del Estado, que “desautorizan las decisiones del TC, cuando es el máximo garante de los derechos fundamentales”, lo que supone que “atacarle a él”, suponga “atacar a la Constitución”, explicó Conde-Pumpido, que situó esas críticas en quienes no gustan las sentencias dictadas, simplemente porque no van en la línea de lo que ellos querían.
La segunda, dijo, “son las maniobras o obstaculizaciones que se producen en la ejecución de las sentencias de los Tribunales Constitucionales“, pese a que son la cúspide y “no pueden ser cuestionados por ningún tribunal”. Sin mencionar ningún caso concreto, pero sin duda teniendo muy presente la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar una cuestión prejudicial a Europa, después de que el TC absolviera a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por los ERE, el presidente español se refirió a la búsqueda de “fórmulas diseñadas para otros fines y que se utilizan para no ejecutar las decisiones” del TC.
Aunque prefirió no pronunciarse sobre la intención del Tribunal Supremo de dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de que se ampare al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el TC declare que debe aplicarse la amnistía a la malversación, recordó la ley que el Gobierno entonces presidido por el PP aprobó para hacer cumplir las resoluciones de la corte de garantías durante el ‘procés’, que incluía multas diarias para desobediencias graves.
En tercer y último lugar, se refirió a “las campañas políticas o mediáticas que tratan de desactivar las resoluciones del Constitucional, cuando se dice que sus sentencias no son equitativas” y siempre van en un sentido determinado en función de la sensibilidad de la mayoría en cada momento.
“En plazo”
El presidente del Constitucional, que optó por evitar referirse a sentencias o ataques concretos, recordó que el Constitucional “siempre se ha pronunciado en sus sentencias en favor de que la renovación” de los órganos “debe producirse en plazo”, porque “el bloqueo de una institución puede afectar al buen funcionamiento del conjunto del sistema jurídico“.
Justo ahora que está pendiente la renovación del Constitucional correspondiente al Senado, que producirá su salida del tribunal, Conde-Pumpido echó mano del caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se retrasó más de cinco años. Admitió que una demora de meses puede entrar dentro del normal funcionamiento, porque no producen “una afectación tan grande”, aunque en cualquier caso “lo deseable es que no hubiese demora alguna”, señaló. Para conseguirlo, la próxima renovación del TC debería producirse en diciembre, lo que no parece nada probable.
Aborto
El VI Congreso Mundial de Tribunales Constitucionales tiene como objetivo, señaló, “construir un estado constitucional que garantice los derechos fundamentales” y proteger “los de las futuras generaciones” a través de las sentencias que se dictan y que “fijan marcos constitucionales” muchos años después de dictadas.
En este sentido, se remitió “al derecho fundamental a la dignidad, a la muerte digna, al libre desarrollo de la personalidad y al aborto”, como “derechos” que “tienen que proyectarse hacia el futuro” o al derecho a un medio ambiente “limpio y perdurable”, porque no le pertenece a los que viven actualmente, sino también “a los que harán en el futuro” y hay que garantizárselo.
También incluyó el derecho al patrimonio histórico-artístico o “el derecho a no sufrir una discriminación algorítmica o a tener acceso a las redes o a Internet”, así como “a no utilizar de forma invasiva datos” privados “en contra del derecho a la intimidad o al derecho al honor”.
En este sentido, Conde-Pumpido hizo hincapié en la necesidad permanente de actualización de esos derechos o la propia Constitución, que ya ha cumplido 47 años. Aunque no quiso pronunciarse sobre la reforma de la ley del aborto anunciada por el Gobierno, señaló que “los derechos fundamentales no pueden fosilizarse”.
Como ejemplo, explicó que el derecho a la dignidad recogido en la Constitución engloba el derecho a la muerte digna o, cuando se habla de derecho al aborto, también se hace del libre desarrollo de la personalidad de la mujer o del derecho a la integridad física, en los que hay que “incorporar el derecho a la interrupción del embarazo, como máximo intérprete define el contenido de los derechos“.
Subscribe to continue reading