El Parlament ha dado este miércoles luz verde a la tramitación de la nueva ley de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Catalunya, un texto que actualizará la normativa vigente desde 2002 y pondrá fin a una década sin una norma autonómica actualizada que se adapte a la ley básica estatal de las cámaras que defina el modelo de financiación ni la relación entre la Generalitat -como órgano tutelar- y las Cámaras. La ley que echa andar este miércoles prevé una inyección total de 15 millones de euros hacia estos organismos entre 2026 y 2028 por parte del Executiu.
La proposición de ley, presentada por PSC, Junts, ERC y PPC, ha superado el debate de totalidad sin enmiendas de retorno y continuará su recorrido parlamentario por la vía de urgencia. Se registró en el Parlament el julio pasado, pero el texto se había trabajado y consensuado con las principales patronales catalanas -Pimec y Foment del Treball- y las 13 cámaras catalanas, que son unas corporaciones de derecho público cuyo principal cometido es representar los intereses de todas las empresas y autónomos de Catalunya.
La norma tiene como principal objetivo reformular el sistema de financiación de las cámaras, corporaciones de derecho público encargadas de representar los intereses del conjunto de empresas y autónomos catalanes. Tras la supresión en 2014 de las cuotas obligatorias, estos organismos han dependido de encargos de la Administración y de servicios privados, una situación que el nuevo texto pretende estabilizar.
El proyecto prevé un modelo mixto de financiación, con aportaciones públicas y privadas, y una inyección total de 15 millones de euros entre 2026 y 2028 por parte del Govern. La asignación comenzará con tres millones en 2026, aumentará a cinco en 2027 y alcanzará los siete en 2028.
Además, la ley refuerza el papel del Consell General de les Cambres -el órgano que agrupa a las 13 cámaras de comercio catalanas-, al que se reconoce como entidad de coordinación y representación ante las administraciones. El texto, consensuado con las propias cámaras y con la patronal Pimec, establece también que su actividad no podrá solaparse con las funciones de las organizaciones empresariales, con el fin de evitar los conflictos que marcaron anteriores intentos de reforma.
El acuerdo político, alcanzado entre socialistas, posconvergentes, republicanos y populares, pone fin a años de bloqueo y de enfrentamientos entre el sector de las cámaras y las patronales. Aun así, quienes empezaron a impulsar esta iniciativa fueron las cámaras, que llevaban años denunciando un “déficit de más de diez años” sin una norma que fije y actualice su financiación.
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