“No solo se ha de hacer justicia, se ha de ver que se hace justicia” — Lord Hewart, Inglaterra, 1924
Sí, el colegueo, la amistad, camaradería y confianza entre amigos, de varios magistrados del tribunal que juzgaba al fiscal general y el Colegio de Abogados de Madrid y su decano, Eugenio Ribón, que desde mayo de 2024 era una de las acusaciones populares más importantes en dicha causa.
La historia de esta causa ha querido que la “exclusiva” de lo que iba a ser el fallo primero y la sentencia condenatoria pendiente se diera en la sede de esa acusación popular antes de publicarse el fallo. El 18 de noviembre, dos días antes de terminar las deliberaciones del Tribunal, el presidente Martínez Arrieta, al acabar un curso a abogados de oficio dio la buena nueva: “Concluyo, que voy a poner la sentencia del fiscal general“.
Martínez Arrieta y los otros seis magistrados del Tribunal eran los únicos que conocían que él había asumido la elaboración de la ponencia. Porque para “poner la sentencia” antes la magistrada ponente por turno, Susana Polo, debía renunciar a hacerla. Y eso solo ocurre cuando la posición de la ponente es rechazada por la mayoría. Y en este caso, quien asumió poner la sentencia del fiscal general condenatoria era Martínez Arrieta.
Revelación del secreto de las deliberaciones
El “caso Arrieta” consiste, pues, en la revelación del secreto de las deliberaciones (artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Pero ¿por qué no se le pasó por la cabeza a Martínez Arrieta – y a los magistrados Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, también miembros del tribunal de enjuiciamiento- excusar su participación en el Colegio de Abogados de Madrid precisamente porque se trataba de una parte -acusación popular estelar- del proceso?
La respuesta es porque, parafraseando al escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, actuaron en plan Yo el Supremo. La apariencia de imparcialidad no va con ellos. Están por encima de ella.
Pero en los tribunales europeos -eso los “supremos” no pueden ignorarlo- se asume el dictum del principal juez de apelaciones del Reino Unido en los años veinte del siglo pasado. “No solo se ha de hacer Justicia, se ha de ver que se hace justicia”. La independencia judicial no es como tal un fin en sí mismo, está vinculada con la imparcialidad y la apariencia de imparcialidad.
Veamos.
En 2023, Eugenio Ribón le otorgó a Manuel Marchena, entonces presidente de la Sala Penal del Supremo, la medalla de honor del Colegio de Abogados de Madrid. Ribón dijo: “El compromiso de Manuel Marchena con la justicia, el Estado de Derecho y la dignificación de la labor de la abogacía, lo erigen como un pilar de la legalidad y la equidad. No es solo un magistrado, es un académico, un pensador y sobre todo un defensor del Estado de Derecho”.
Ahora bien, en 2024 ¿cómo está la situación procesal del Colegio de Abogados de Madrid de la mano del decano Ribón y de la Sala de Admisión, de la mano del presidente Marchena? Pues el Colegio es acusación popular estelar en la causa del fiscal general del Estado. Su querella, la primera, ha sido admitida a trámite por el juzgado 18 de Madrid el 8 de mayo de 2024, y el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) ha reconocido como acusación popular al Colegio de Abogados de Madrid el 7 de junio de 2024.
Y la Sala de Admisión del Supremo ha imputado al fiscal general del Estado el 15 de octubre de 2024. El presidente de la Sala, Marchena, “persuade” a la ponente, Susana Polo, de que se debe investigar las filtraciones de correos, y pactan dejar en segundo plano la nota de prensa del 14 de marzo de 2024.
Se trata del desmentido del bulo de Miguel Ángel Rodriguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, quien ha acusado de prevaricar al fiscal general en perjuicio del comisionista Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
Antes del juicio al fiscal general
Bien. ¿Y qué pasa con el colegueo en 2025 meses antes del juicio del fiscal general del Estado?
Manuel Marchena, que formará parte del tribunal de enjuiciamiento de Álvaro García Ortíz, presenta en el Colegio de Abogados de Madrid, es decir, sede de la acusación popular estelar, presenta su libro “La justicia amenazada” en diálogo con Eugenio Ribón.
Es el 8 de julio de 2025.
Ribón apunta; “Don Manuel Marchena jamás ha doblado la rodilla ante presiones externas y siempre ha puesto la justicia con mayúsculas por encima de cualquier interés ajeno a la ley”, y elogió su capacidad de comunicación y su cercanía: “Además de jurista brillante, don Manuel es un humanista del derecho”. Y añade sobre la obra: “Es valiente y necesaria, quizá más que nunca. No es un texto solo para juristas, sino y por encima de todo, para cualquier ciudadano, porque la justicia no va de operadores jurídicos. La justicia es una cuestión que atañe a la sociedad en su conjunto”.
Pero como las meigas, “operadores jurídicos haberlos haylos”. Y Ribón y su actual Colegio de Abogados de Madrid es uno de ellos. La simbiosis y colegueo de los magistrados con Ribón y su Colegio, pues, es tan “natural” que no les preocupa que “se ha de ver que se hace justicia”, o el principio de imparcialidad.
El “caso Arrieta”
Antonio del Moral, miembro del tribunal, fue el coordinador del curso dirigido a los 60 abogados de oficio asistentes el 18-20 de noviembre pasado, donde estalló el “caso Arrieta” con la revelación del secreto de las deliberaciones.
Pero es que Del Moral fue nombrado en 2022 presidente del Comité de Ética Judicial, organismo independiente que instruye a los jueces sobre la moralidad de sus comportamientos, donde estuvo dos años. Ni se le pasó por la cabeza que tanto él como Berdugo y Martínez Arrieta debían excusar, en plenas deliberaciones su asistencia a las clases del Colegio, acusación popular en el caso.
Pero es que además, Del Moral codirigió la tesis de Gabriel Rodríguez Ramos, abogado de Alberto González Amador, e hijo de uno de los más destacados catedráticos de derecho penal y otrora vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid.
¿Carece codirigir la tesis de relevancia? No. Porque se crea una relación especialmente intensa entre el codirector y el autor de la tesis. ¿Informó Del Moral al resto del tribunal y al presidente sobre este hecho? Pues no existe constancia de que lo haya hecho.
Pero también en el tema de la imparcialidad y la apariencia de imparcialidad cabe incluir otro asunto: cinco de los siete magistrados del tribunal ya habían actuado en un aspecto de la instrucción. Y decidieron imputarlo. De modo que esos cinco ya se habían pronunciado sobre el asunto sabiendo que más tarde, si la causa llegaba a juicio oral, serían ellos quienes le juzgarían: Marchena, Martínez Arrieta, Berdugo, Del Moral y Polo.
Por tanto, su posición estaba condicionada. Y eso no lo desmiente el hecho de que la magistrada Susana Polo, finalmente, decidiera apoyar la absolución por no existir, según ella, prueba de que el fiscal General del Estado filtrase el ya célebre correo del 2 de febrero de 2024. Porque ella no quería en la Sala de Admisión, en 2024, según confió a varias personalidades, imputar al fiscal general por la nota informativa.
Marchena hizo un gambito y el auto del 15 de octubre de 2024 señaló que la nota de prensa “aparentemente no desvelaba información indebida” y que era necesario investigar la revelación de “correos”. En realidad “el correo” del 2 de febrero de 2024, porque el correo que primero se filtró, por parte de la dupla Amador-Rodríguez, nunca ha sido tenido en cuenta en la instrucción y en el juicio oral.
Mira por dónde, ahora Martínez Arrieta y Marchena van a hacer una obra de prestidigitación en la que la menos famosa nota de prensa asumirá un protagonismo estelar.
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