-La causa contra David Sánchez ya ha entrado en la fase de enjuiciamiento y ha coincidido con la convocatoria de elecciones anticipadas en Extremadura. ¿Afecta al procedimiento teniendo en cuenta que Miguel Ángel Gallardo encabeza la candidatura por el PSOE?
-Puede afectar a las competencias objetivas, porque si Miguel Ángel Gallardo toma el acta de diputado, pasa automáticamente a ser aforado y, por tanto, entiendo que la competencia, ahora sí, queda lastrada a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
-¿Ahora sí? ¿No lo creía antes?
-Sí, siempre. Pero ahora entiendo que esa mala fe y presunción de fraude que subrayaba el auto del TSJEx decaen por su propio peso, porque se trata de unas elecciones convocadas por otro partido político y, por tanto, no hay ningún signo ni de mala fe ni de fraude. Yo no creo que los haya habido nunca, pero desde luego es seguro que ahora sí que no existen.
-Hay argumentos jurídicos que pudieran hacer que la causa no llegara al TSJEx y el juicio se celebre en la Audiencia de Badajoz como está previsto?
-Entiendo que no. Si está aforado, está sometido a la jurisdicción del aforado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura dice que al ser diputado regional asume el enjuiciamiento el TSJEx.
-¿Arrastraría al resto de investigados?
-Sin duda alguna.
-¿Por qué?
-Porque lo que lo que viene a dibujar el auto de transformación, y valga la redundancia, el escrito de conclusiones de Manos Limpias, es una pretendida organización criminal, que habría orquestado todo un plan para que las plazas de referencia (la de David Sánchez y el exasesor de Moncloa Luis Carrero) fueran adjudicadas a sus beneficiarios. Por tanto, eso dibuja un trazo cronológico y causal que no puede invitar a un descabezamiento de una secuencia. Es una película, fantástica, donde todos tendrían, según la acusación, una consecución causal en la comisión de los delitos y, por tanto, la continencia de ese procedimiento no se puede romper sacando de la ecuación a Gallardo.
-A lo largo de toda la instrucción, las decisiones de la jueza Beatriz Biedma han sido respaldadas por la Audiencia de Badajoz, hasta su último pronunciamiento desestimando los recursos de la fiscalía y las 11 defensas contra el auto de transformación y la petición de archivo. ¿Se plantean la recusación del tribunal?
-Sí. Considero que la resolución de la apelación contra el auto de transformación tenía que haberse quedado en un plano de valoración de los indicios por parte de los magistrados de la Audiencia, pero yo creo que da por probados algunos datos de cargo y eso se puede entender como una cierta pérdida de la imparcialidad que pudiera justificar esa recusación.
-¿Bastaría con que la planteara un único investigado?
-Con que uno recuse, si se admite, tendríamos que cambiar a los integrantes del tribunal.
-Ha pedido que se excluyan de la causa todos los correos electrónicos intervenidos por la UCO a los investigados.
-Considero que la prueba documental que se obtuvo del volcado de los correos electrónicos y los autos habilitantes para intervenirlos lesionan los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la intimidad de David Sánchez. Lo que digo es que el auto que dicta la jueza no plantea el balance indiciario justificativo: en un caso de drogas, no puedes intervenir un teléfono porque un tío tenga el pelo largo y tatuajes. Además, si al final acabamos en el Tribunal Supremo, en el Constitucional o en el de Derechos Humanos de Estrasburgo, estos órganos nos van a exigir que hayamos planteado la cuestión de la lesión de derechos fundamentales en los momentos más candentes del procedimiento y, lógicamente, en el plenario.
-Ha sido un año y medio de instrucción intenso. ¿Se ha planteado en algún momento su cliente llegar a un acuerdo para dar carpetazo a este procedimiento?
-En absoluto. Cero. Nulo. No.
-¿Por qué?
-Porque esto está basado en meras presunciones y sospechas. Carece por completo de pruebas indiciarias y, ahora que ya están hechas las calificaciones, se acusa a mi cliente de un pretendido tráfico de influencias sin saber quién es el influyente. Con respecto a su plaza se habla de una serie de acontecimientos preliminares que solo están en la imaginación de la acusación popular: no hay nadie como testigo, ni como investigado ni como nada. Esa es una de las grandes características de este procedimiento, que no están todos los que dice la jueza que son. Porque si es una organización criminal y se han puesto todos de acuerdo, tendrían que haberse llevado por delante a un montón de gente que no está y que participaron de forma activa y crucial en la producción de las plazas. Nunca puede imaginar que esto terminara en un juicio a ninguno de los investigados y, mucho menos, con respecto a David Sánchez. Está todo sacado de contexto.
-La denuncia original contra David Sánchez fue por un presunto fraude al fisco español, que después se archivó.
-Eso fue lo primero que cayó. No había fraude fiscal y ese enriquecimiento ilícito que le asignaba no sé cuantos millones de euros resultó ser un fallo de la calculadora de Manos Limpias. Y ahí ha quedado eso. Manos Limpias, por supuesto, no es que no haya pedido perdón, lo que tampoco se esperaba, pero es que tampoco ha habido ningún reproche por parte de la autoridad judicial a lo que tiene apariencia de ser una denuncia falsa.
-Siempre ha mantenido que esta causa responde a intereses políticos.
-Y lo mantengo. Primero, en un estado de derecho, una denuncia como la que presentó Manos Limpias debía ser completamente ineficaz para admitirla, por prospectiva, vaga, inconsistente, incoherente y fraudulenta. Y, segundo, si el señor David Sánchez no fuera hermano de quien es, no cabe duda de que esta plaza no se hubiera dirimido penalmente por una sencilla razón: porque cuando no era presidente Pedro Sánchez ni siquiera se investigó a nivel administrativo y ninguno de los que concurrió con mi cliente presentó queja alguna por su adjudicación. La mayoría de las acusaciones integran esta maniobra política en una estrategia más ambiciosa para que caiga el Gobierno, eso es evidente, que no incluye solo a David Sánchez. La estrategia estriba en poner el radar en el ámbito familiar del presidente del Gobierno de tal forma que primero está la persona y después, la indagación.
-También se ha dicho lo contrario, que ha habido ataques desde la política a la jueza instructora para interferir en sus decisiones.
-No tengo constancia de que nadie haya intentado interferir en las resoluciones judiciales. La juez se ha expresado, escrito y dicho lo que ha querido y en ningún momento he visto yo precisamente limitada su actividad jurisdiccional por la interferencia de nadie. Nunca se ha quejado de eso y ha dirigido el procedimiento de una forma absolutamente imperativa.
-¿Cómo encara su cliente el juicio?
Está perfectamente. Tiene mucha esperanza en que el juicio lo aclare todo y está colaborando en prepararlo.